Indígenas peruanos exigen consulta previa ante construcción de carretera en la Amazonía
La construcción de una carretera federal en la Amazonía peruana, que atraviesa tierras indígenas y áreas protegidas, ha generado preocupación entre comunidades nativas y organizaciones ambientales. El proyecto, que conecta las provincias de Maynas y Putumayo con Colombia, promete mejorar el transporte de bienes y personas, pero también amenaza con aumentar la deforestación, el tráfico de drogas y los conflictos sociales. A pesar de que la ley peruana exige consultas previas a las comunidades afectadas, solo una ha sido consultada hasta ahora, lo que ha despertado críticas y dudas sobre la transparencia del proceso.
Una carretera que divide opiniones y territorios
El proyecto de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho, de 188 kilómetros, fue declarado de interés público en 2011 y se ha dividido en cuatro secciones. La primera fase, que conecta Bellavista con Santo Tomás, ya está terminada y ha dejado un rastro de deforestación y conflictos territoriales. Según líderes indígenas y expertos legales, la división del proyecto en partes más pequeñas es una estrategia para evadir evaluaciones ambientales integrales y acelerar su aprobación.
José Murayari, vicepresidente de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Oriental (ORPIO), expresó su preocupación: “No nos oponemos a la construcción, pero exigimos que se construya una carretera sostenible, que no solo traiga desarrollo, sino también educación, salud y seguridad alimentaria”. Murayari incluso sugirió que un aeropuerto podría ser una alternativa más viable para fomentar el comercio en la región.
Impactos sociales y ambientales ya visibles
La primera sección de la carretera, completada en 2021, ha provocado un aumento en las invasiones de tierras, la deforestación y el tráfico de drogas en comunidades como Centro Arenal, habitada por el pueblo Huitoto. “Ya hemos notado impactos psicológicos, ambientales, educativos y de salud”, afirmó Arthur Francis Cruz Ochoa, líder de esta comunidad. Además, líderes indígenas como Arlen Ribeira, presidente de la Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (FECONAFROPU), han recibido amenazas de narcotraficantes colombianos, quienes ven en la carretera una oportunidad para expandir sus actividades ilícitas.
Organizaciones como Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) han alertado sobre los riesgos que representa el proyecto para áreas protegidas como la reserva Maijuna-Kichwa y la reserva Ampiyacu-Apayacu, hogar de especies en peligro como el jaguar y la nutria gigante de río.
La consulta previa: un derecho incumplido
La consulta previa a las comunidades indígenas es un derecho reconocido por la ley peruana desde 2011, pero su implementación ha sido irregular. Hasta ahora, solo la comunidad Centro Arenal ha sido consultada, y el proceso ha sido suspendido en varias ocasiones debido a la falta de información proporcionada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Bryan Jara, especialista legal de SPDA, criticó la falta de claridad en la definición de las zonas de impacto directo e indirecto, lo que permite al MTC decidir arbitrariamente qué comunidades deben ser consultadas.
Diego Saavedra, líder de proyectos de DAR, señaló que “dividir el proyecto en partes es una maniobra común para evadir regulaciones ambientales más estrictas y acelerar su aprobación”. Esta práctica, conocida como “fragmentación de proyectos”, ha sido criticada por expertos como César Ipenza, abogado ambiental, quien la considera una forma de “sortear la ley”.
Un futuro incierto para la Amazonía peruana
La carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho representa un dilema entre desarrollo y conservación. Mientras algunas comunidades ven en ella una oportunidad para acceder a mercados y servicios de salud, otras temen que acelere la destrucción de sus territorios y culturas. La falta de consultas previas y la fragmentación del proyecto han generado desconfianza y reclamos por mayor transparencia.
El caso de esta carretera no es aislado. En 2016, un estudio publicado en *Impact Assessment and Project Appraisal* ya alertaba sobre el uso de la fragmentación de proyectos para evadir evaluaciones ambientales integrales. La Amazonía peruana, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta, sigue siendo escenario de tensiones entre desarrollo económico y derechos indígenas.
El futuro de la carretera y de las comunidades que dependen de la Amazonía peruana dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar desarrollo y sostenibilidad. Mientras tanto, las voces de los pueblos indígenas y las organizaciones ambientales seguirán exigiendo que se respeten sus derechos y se proteja uno de los pulmones del planeta.
