El Ministerio de Gobierno de Bolivia insiste en el linchamiento mediático de detenidos pese a fallos constitucionales
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, continúa exhibiendo públicamente a personas detenidas en medios de comunicación, vulnerando el principio de presunción de inocencia y los derechos fundamentales a la dignidad y la honra. Esta práctica, condenada por la Defensoría del Pueblo y la Sala Constitucional, persiste a pesar de las resoluciones judiciales que exigen su cese.
Un fallo constitucional ignorado
En febrero de 2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz recordó al ministro Del Castillo que “las personas procesadas por algún ilícito penal no pueden ser exhibidas en medios de comunicación”, en respuesta a una acción de protección interpuesta por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. Sin embargo, Del Castillo ha ignorado esta resolución y sigue exponiendo a detenidos, argumentando que esta práctica reduce la criminalidad.
El caso más reciente es el de Reyna H. H., quien fue acusada públicamente por el ministro de abandonar a sus hijos y cometer violencia doméstica. El juez de turno no encontró evidencia alguna y ordenó su liberación, pero el daño a su reputación ya estaba hecho.
La justificación del ministro: ¿eficacia o violación de derechos?
Del Castillo defiende su práctica asegurando que “mostrar a personas involucradas en conductas delictivas ha ayudado a reducir el feminicidio en el territorio nacional”, basándose en lo que él llama “estudios técnicos y científicos”. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido respaldadas públicamente ni contrastadas con fuentes independientes.
La Defensoría del Pueblo ha rechazado esta justificación, recordando que “los derechos fundamentales no pueden ser sacrificados en nombre de la seguridad pública”. Además, en noviembre de 2024, emitió una resolución que recomienda prohibir la exhibición de detenidos en medios de comunicación, tras revisar 17 casos similares.
Un precedente internacional incómodo
La Sala Constitucional también recordó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso *Valencia Campos y otros Vs Bolivia* (2022), que establece que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Este precedente internacional refuerza la posición de que la exhibición pública de detenidos es una violación grave a los derechos humanos.
Pese a ello, Del Castillo insiste en su estrategia, lo que ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de derechos humanos han calificado esta práctica como una forma de “linchamiento mediático”, que no solo vulnera la presunción de inocencia, sino que también perpetúa estigmas sociales.
Las consecuencias de una práctica persistente
La persistencia de esta práctica tiene implicaciones profundas para el sistema judicial boliviano. Al exponer a detenidos como culpables antes de un juicio, se socava la credibilidad de las instituciones y se fomenta la desconfianza en el sistema de justicia. Además, las víctimas de estas exhibiciones, como Reyna H. H., enfrentan daños irreparables a su reputación y dignidad.
Expertos en derechos humanos advierten que “esta práctica no solo es ilegal, sino que también es ineficaz para combatir la criminalidad”, ya que no aborda las causas estructurales del delito y, en cambio, genera un clima de impunidad para las autoridades que la ejercen.
Mientras el Ministerio de Gobierno insista en esta práctica, el Estado boliviano seguirá incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo y la Sala Constitucional han sido claras: la exhibición pública de detenidos es una violación a la presunción de inocencia y debe cesar de inmediato. Sin embargo, la falta de voluntad política para hacer cumplir estas resoluciones deja en evidencia un problema más profundo: la tensión entre la seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales.
