Arce y su gabinete definen estrategia de auxilio para 200 municipios afectados por inundaciones
El presidente de Bolivia, Luis Arce, se reunió este sábado con siete ministros de su gabinete para evaluar los efectos de las inundaciones que han afectado a 200 municipios y definir una estrategia de auxilio y reconstrucción. Las persistentes lluvias, que comenzaron en noviembre de 2024, han dejado un saldo de 324.699 familias afectadas, 708 viviendas destruidas y 49 fallecidos, según datos del viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.
Una reunión urgente para atender la emergencia
El encuentro, celebrado en La Paz, contó con la presencia de los ministros de Defensa, Planificación del Desarrollo, Desarrollo Rural y Tierras, Obras Públicas, Salud y Deportes, Educación y Medio Ambiente y Agua, junto a sus equipos técnicos. “Hoy nos reunimos para evaluar los efectos de los desastres naturales ocurridos en los últimos meses y tomar acciones que nos permitan seguir brindando tareas de reconstrucción, prevención y auxilio a los 200 municipios afectados y familias damnificadas por inundaciones”, declaró Arce en sus redes sociales.
El mandatario destacó el trabajo conjunto con el Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos, un organismo creado para coordinar acciones en situaciones de emergencia. “Continuamos trabajando con determinación y compromiso para llevar apoyo a quienes más lo necesitan”, afirmó.
Las cifras de una tragedia recurrente
Según el informe presentado por el viceministro Calvimontes, las lluvias han causado estragos en todo el país, especialmente en regiones como Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, donde se han registrado vientos de hasta 90 km/h y alertas naranjas por inundaciones. Las cifras son alarmantes: 324.699 familias afectadas, 708 viviendas destruidas y 49 personas fallecidas. Además, miles de hectáreas de cultivos han quedado bajo el agua, lo que agrava la situación económica de las comunidades rurales.
Un problema que se repite cada año
Las inundaciones en Bolivia no son un fenómeno nuevo. Desde hace décadas, el país enfrenta temporadas de lluvias intensas que desbordan ríos y anegan comunidades enteras. Sin embargo, la falta de infraestructura adecuada y planes de prevención a largo plazo han convertido este problema en una crisis recurrente. En 2023, por ejemplo, más de 150 municipios fueron afectados por inundaciones, con un saldo de 30 fallecidos y miles de damnificados.
Expertos en gestión de riesgos han señalado que la deforestación, el cambio climático y la urbanización descontrolada son factores que agravan la situación. “Necesitamos políticas públicas que no solo respondan a las emergencias, sino que también prevengan futuros desastres”, afirmó la ingeniera ambiental María Fernanda Rojas en una entrevista reciente.
Reacciones y desafíos
Organizaciones sociales y líderes comunitarios han exigido al gobierno una respuesta más rápida y eficiente. “Los damnificados necesitan ayuda inmediata: alimentos, agua potable, medicinas y refugio”, señaló Carlos Novillo, representante de una asociación de afectados en Santa Cruz. Además, han pedido que se destinen más recursos económicos para la reconstrucción y la prevención.
Por su parte, el gobierno ha anunciado que continuará trabajando en coordinación con las gobernaciones y municipios afectados. “Estamos comprometidos con la reconstrucción y con la implementación de medidas que reduzcan el impacto de futuros desastres”, aseguró el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.
La reunión de este sábado marca el inicio de un plan de acción que busca atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas. Sin embargo, el desafío a largo plazo sigue siendo claro: implementar políticas que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades frente a los fenómenos naturales. Mientras tanto, las lluvias continúan y con ellas, el riesgo de que la cifra de damnificados siga aumentando.
