El Supremo Tribunal Federal de Brasil amenaza los derechos indígenas con un proyecto de ley sin precedentes
Un proyecto de ley presentado en febrero por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes pone en riesgo los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en Brasil. La propuesta, calificada como \»sin precedentes\» por críticos y defensores de los derechos indígenas, elimina el poder de veto de las comunidades sobre actividades económicas en sus tierras ancestrales y complica aún más el ya largo proceso de demarcación territorial. Este movimiento ocurre meses después de que el mismo tribunal defendiera los derechos indígenas frente a una ley del Congreso, lo que ha generado una fuerte controversia y preocupación internacional.
Un proyecto que contradice la Constitución y los derechos humanos
El proyecto de ley presentado por el juez Gilmar Mendes busca modificar el artículo 231 de la Constitución brasileña, que garantiza a los pueblos indígenas el usufructo exclusivo de sus tierras ancestrales. Sin embargo, la propuesta permitiría al gobierno federal llevar a cabo actividades de \»interés público relevante\», como la explotación de recursos minerales estratégicos, sin el consentimiento pleno de las comunidades indígenas. \»Este proyecto reúne las principales amenazas para los pueblos indígenas\», afirmó Luis Ventura, secretario ejecutivo del Consejo Misionero para los Pueblos Indígenas (CIMI).
Además, el proyecto establece compensaciones económicas para los ocupantes no indígenas que demuestren posesión ininterrumpida de tierras antes del 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución. \»Esto prácticamente paralizará la demarcación de tierras indígenas\», advirtió Ventura en una entrevista con Mongabay.
Reacción internacional y contradicciones internas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha calificado el proyecto como un retroceso en los derechos humanos. En un comunicado, los relatores especiales de la ONU sobre el derecho a un medio ambiente limpio, el cambio climático y los tóxicos y derechos humanos señalaron que la propuesta \»contradice directamente la Constitución brasileña, las decisiones del propio STF y el derecho internacional de los derechos humanos\».
Por su parte, Maurício Guetta, coordinador adjunto de política y derecho del Instituto Socioambiental (ISA), destacó que \»no hay un precedente similar en la historia del STF\» y cuestionó la legitimidad de un juez para presentar un proyecto de ley que el propio tribunal podría tener que juzgar en el futuro. \»Es absolutamente contradictorio que el STF presente un proyecto que luego podría tener que declarar inconstitucional\», afirmó Guetta.
Antecedentes: el marco temporal y la cámara de conciliación
Este proyecto surge en un contexto de tensiones históricas sobre los derechos territoriales indígenas en Brasil. En septiembre de 2023, el STF rechazó la tesis del \»marco temporal\», que limitaba los derechos indígenas a las tierras ocupadas físicamente en 1988. Sin embargo, el Congreso aprobó una ley que reinstauró esta tesis, lo que generó un conflicto legal sin precedentes. \»Por primera vez en 36 años, una ley significó que el artículo 231 de la Constitución no estaba plenamente en vigor\», explicó Ventura.
En abril de 2024, el juez Mendes suspendió los juicios relacionados con el marco temporal y creó una \»cámara de conciliación\» para resolver el conflicto. Sin embargo, esta iniciativa ha sido criticada por líderes indígenas y organizaciones de derechos humanos, quienes la consideran \»inoportuna e inconstitucional\».
Implicaciones ambientales y climáticas
La apertura de tierras indígenas a actividades económicas podría tener graves consecuencias ambientales. Según Guetta, \»cuando hablamos de tierras indígenas, estamos hablando de si podemos o no enfrentar la emergencia climática\». Las tierras indígenas en Brasil, especialmente en la Amazonía, representan una parte crucial del stock de carbono y la protección de la vegetación nativa. \»Es fundamental que la gente entienda lo que está en juego con la posibilidad de abrir estas tierras a la explotación económica\», añadió.
El proyecto de ley del juez Mendes ha generado un intenso debate sobre el papel del STF en la protección de los derechos indígenas y el medio ambiente. Mientras la cámara de conciliación reanudará sus trabajos el 26 de marzo, organizaciones indígenas y defensores de los derechos humanos exigen que el tribunal declare inconstitucional la ley 14.701/2023 y finalice el juicio sobre el marco temporal. \»El STF tiene la función de proteger los derechos de las minorías vulnerables, incluso si la mayoría de la población quiere eliminarlos\», concluyó Guetta.