Operación contra la minería ilegal en territorio Munduruku: avances y desafíos persistentes
El gobierno brasileño ha logrado reducir significativamente la minería ilegal en el territorio indígena Munduruku, en la Amazonía, tras una operación iniciada en noviembre de 2024. Sin embargo, organizaciones indígenas y expertos advierten que la presencia de mineros ilegales persiste en algunas áreas y temen que regresen una vez que se retiren las fuerzas de seguridad. La operación ha destruido 90 campamentos, 15 embarcaciones y 27 maquinarias pesadas, pero la falta de alternativas económicas para los indígenas y la débil presencia estatal en la región plantean desafíos a largo plazo.
Un éxito parcial en la lucha contra la minería ilegal
Desde el inicio de la Operación de Remoción de la Tierra Indígena Munduruku (OD-TIMU), las fuerzas gubernamentales han llevado a cabo 523 acciones, incluyendo la destrucción de maquinaria y la imposición de multas por valor de 24,2 millones de reales brasileños (4,2 millones de dólares). João Kaba Munduruku, coordinador de la Asociación Indígena Pusuro, reconoció que la entrada de mineros no indígenas se ha reducido, pero expresó preocupación por su posible regreso.
La operación, que involucra al Ejército, la Policía Federal y agencias ambientales como Ibama y Funai, ha causado pérdidas estimadas en 112,3 millones de reales (1,9 millones de dólares) a los grupos criminales. Sin embargo, organizaciones indígenas han señalado que aún quedan áreas invadidas, como el río Kaburuá y las aldeas de Tucunaré y Maloquinha.
Impactos ambientales y sociales de la minería ilegal
La minería ilegal ha dejado una huella devastadora en el territorio Munduruku, que alberga a 6.500 personas en 2,4 millones de hectáreas. Durante el gobierno de Bolsonaro, el área degradada por la minería aumentó un 363%, lo que provocó la propagación de enfermedades como la malaria, la contaminación por mercurio y ataques violentos contra las comunidades.
El mercurio, utilizado para separar el oro, contamina el aire, el suelo y el agua, afectando la biodiversidad y la salud humana. Un estudio de 2020 reveló que el 57,9% de los participantes Munduruku tenían niveles de mercurio superiores al límite de seguridad establecido por las agencias de salud.
Desafíos logísticos y redes criminales
Nilton Tubino, líder de la fuerza de tarea federal, destacó que el mayor desafío es la logística, ya que muchas áreas mineras solo son accesibles en helicóptero. Además, las redes criminales que operan en la región, como el grupo Boi na Brasa (BNB), financian la minería ilegal y distribuyen armas a indígenas reclutados para proteger la maquinaria.
Luísa Molina, del Instituto Socioambiental (ISA), subrayó que \»estas organizaciones criminales operan en varios estados y mantienen un ecosistema completo de comerciantes y empresarios que sostienen la minería ilegal.\»
El temor al regreso de los mineros
Uno de los mayores temores de las comunidades Munduruku es que los mineros regresen una vez que las fuerzas de seguridad se retiren. João Kaba Munduruku advirtió que, sin alternativas económicas, muchos indígenas involucrados en la minería no tendrán más opción que continuar con esta actividad.
Julia Yansura, de la Coalición FACT, sugirió que el gobierno brasileño debe combinar operaciones de desalojo con investigaciones financieras para desmantelar las redes criminales detrás de la minería ilegal.
Un futuro incierto para el territorio Munduruku
La segunda fase de la operación incluye un plan de mantenimiento para proteger y monitorear el territorio, con la presencia de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública y Funai. Sin embargo, los residuos de maquinaria quemada y el aceite dejado en ríos y arroyos representan un daño ambiental adicional para las comunidades indígenas.
\»Es necesario ocupar el territorio con inteligencia y estrategias específicas para evitar que los invasores regresen\», concluyó Luísa Molina, destacando la complejidad del problema.
La operación contra la minería ilegal en el territorio Munduruku marca un avance significativo, pero los desafíos persisten. La falta de alternativas económicas, la débil presencia estatal y las redes criminales organizadas plantean obstáculos para una solución duradera. El éxito a largo plazo dependerá de la capacidad del gobierno para implementar estrategias integrales que garanticen la seguridad, la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades indígenas.
