Indígenas de Suriname rechazan proyecto de ley que limita sus derechos territoriales
Las comunidades indígenas y tribales de Suriname han expresado su indignación ante un proyecto de ley que, aunque busca reconocer sus derechos territoriales colectivos, les otorga un control limitado sobre sus tierras ancestrales. La normativa permitiría al gobierno desarrollar proyectos de infraestructura, agroindustria, tala y minería en sus territorios sin su consentimiento pleno, alegando el \»interés público\» del país. La Asociación de Líderes de Aldeas (VIDS) calificó la propuesta como un \»insulto\» a los principios del Estado de derecho.
Un proyecto que divide
El proyecto de ley, que ha estado en discusión desde junio de 2021, busca establecer los derechos territoriales de las comunidades indígenas y tribales, que representan a unas 138.000 personas y habitan más de un millón de hectáreas de bosque. Sin embargo, las últimas enmiendas eliminan el principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), un estándar internacional que garantiza a las comunidades el derecho a decidir sobre proyectos que afecten sus tierras. En su lugar, se propone un proceso de consulta que no otorga poder de decisión a los pueblos originarios.
Según la VIDS, esta modificación \»solo tiene valor para quienes no desean sinceramente reconocer y proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales de acuerdo con los estándares internacionales\». Además, el proyecto exige que las comunidades se registren como entidades legales y se sometan a un estudio, cuyos detalles aún no están claros.
Antecedentes de desconfianza
La relación entre el gobierno de Suriname y las comunidades indígenas ha estado marcada por la desconfianza. Desde 2007, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al país reconocer los derechos territoriales indígenas, el gobierno ha retrasado la implementación de un mapa oficial que delimite estas tierras. Mientras tanto, ha impulsado proyectos de desarrollo, como una mina de bauxita y un fallido acuerdo agroindustrial que habría deforestado 467.000 hectáreas de selva.
John Goedschalk, experto en cambio climático, señaló que \»en Suriname, la relación con el gobierno no es positiva porque siguen entregando tierras y también tomándolas para sí mismos. No hay una base de confianza\».
Posibles repercusiones internacionales
Si el proyecto se aprueba en su forma actual, las comunidades indígenas y tribales podrían presentar una queja ante organismos internacionales, citando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Sin embargo, esta declaración no es vinculante, lo que significa que incluso una decisión favorable no detendría necesariamente los proyectos de desarrollo en sus tierras.
La VIDS y otras organizaciones han pedido una revisión del proyecto para que refleje mejor las necesidades de las comunidades. \»Aquí se están quitando todas las máscaras, y queda claro que este gobierno simplemente no quiere reconocer nuestros derechos colectivos de acuerdo con los estándares internacionales\», afirmó la asociación.
Un futuro incierto
El proyecto de ley aún no tiene una fecha definida para su votación en la Asamblea Nacional, y es posible que se posponga hasta después de las elecciones generales. Mientras tanto, las comunidades indígenas y tribales continúan organizándose para defender sus derechos. \»No vamos a permitir que nos arrebaten lo que es nuestro\», declaró un líder comunitario durante una protesta reciente.
El futuro de los derechos territoriales indígenas en Suriname sigue en juego, mientras el gobierno y las comunidades buscan un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los derechos ancestrales. La falta de confianza y la historia de proyectos impuestos sin consulta previa complican el panorama, dejando a las comunidades en una lucha constante por su autonomía y supervivencia cultural.