Ecopetrol, la petrolera colombiana, ocultó daños ambientales y vigiló a defensores del medio ambiente
Una investigación reciente revela que Ecopetrol, la empresa petrolera más grande de Colombia, ocultó más de 600 casos de daños ambientales entre 2010 y 2016, según documentos filtrados conocidos como los Iguana Papers. Además, la compañía mantuvo una base de datos para monitorear a 1.200 personas en zonas donde opera, incluyendo a defensores ambientales que han denunciado sus prácticas. A pesar de estos hallazgos, las autoridades colombianas no han tomado medidas contra la empresa, que sigue operando sin restricciones.
Un patrón de negligencia ambiental
La investigación, realizada por la Environmental Investigation Agency (EIA) y Earthworks, expone que Ecopetrol ocultó alrededor del 20% de los casos de daños ambientales a las autoridades. Entre 2016 y 2018, la empresa registró internamente 328.779 casos de incumplimiento ambiental, pero solo reportó el 11% de ellos a sus accionistas. “Ecopetrol ha sistemáticamente ocultado casos de daños ambientales y ha subreportado sus emisiones”, señala el informe.
Los documentos filtrados muestran que la compañía utilizó bases de datos internas para evaluar el riesgo legal de cada caso, clasificando aquellos que solo conocían internamente como de “riesgo mínimo”. Esto permitió a la empresa evitar responsabilidades legales y mantener su imagen pública intacta.
Vigilancia y amenazas a defensores ambientales
La investigación también revela que Ecopetrol desarrolló un sistema tecnológico para mapear y monitorear a 1.200 individuos en áreas donde opera, incluyendo a activistas ambientales. Óscar Sampayo, un defensor ambiental de Barrancabermeja, fue uno de los vigilados. “He recibido múltiples amenazas de muerte y tuve que desplazarme por denunciar la contaminación causada por la industria petrolera”, afirma Sampayo.
Según el informe, Ecopetrol gastó 22 millones de dólares en 2018 en fuerzas de seguridad nacional para proteger sus operaciones. Además, defensores ambientales han sido amenazados por grupos armados, como las Águilas Negras, un grupo paramilitar. “Colombia es un lugar extremadamente peligroso para ser defensor ambiental”, afirma Laura Furones, asesora de Global Witness.
Impacto en las comunidades locales
En la región del Magdalena Medio, donde opera la refinería más grande de Ecopetrol, los habitantes han sufrido las consecuencias de los derrames de petróleo y la contaminación del aire y el agua. “Hay lugares donde la naturaleza está completamente degradada y contaminada”, denuncia Sampayo. La contaminación ha afectado la pesca y la calidad de vida de las comunidades locales, que dependen de los recursos naturales para su subsistencia.
El informe también destaca que, a pesar de las promesas de Ecopetrol de alcanzar emisiones netas cero para 2050, la empresa ha continuado con prácticas ilegales, como la liberación de metano y la quema ineficiente de gas. Estas acciones contradicen su imagen pública como una empresa comprometida con la sostenibilidad.
Falta de acción gubernamental
A pesar de las denuncias presentadas por el denunciante Andrés Olarte, quien filtró los Iguana Papers, las autoridades colombianas no han tomado medidas contra Ecopetrol. El Ministerio de Minas y Energía afirmó que no encontró quejas sobre la empresa en sus bases de datos y que no tiene autoridad para ejercer poderes disciplinarios sobre sus funcionarios. “Ecopetrol parece intocable”, afirma Amarilys Llanos Navarro, activista del movimiento Cesar Sin Fracking y Gas.
Llanos sostiene que el objetivo no es cerrar la empresa, sino que se convierta en una compañía responsable. “La transición a energías renovables no debería representar un peligro para los campesinos, pescadores y defensores ambientales”, afirma.
La investigación sobre Ecopetrol revela un patrón de negligencia ambiental y prácticas corporativas opacas que han afectado gravemente a las comunidades locales y al medio ambiente. Mientras la empresa continúa operando sin consecuencias, las voces de los defensores ambientales siguen siendo silenciadas por amenazas y violencia. La falta de acción gubernamental plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para regular a una de las empresas más poderosas del país.
