La Corte Interamericana de Derechos Humanos exige a Ecuador proteger a los pueblos indígenas no contactados
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dictaminado que Ecuador violó los derechos de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, quienes viven en aislamiento voluntario en la Amazonía. El fallo, publicado este mes, responsabiliza al Estado por no proteger a estas comunidades de ataques violentos y actividades extractivas como la tala ilegal y la explotación petrolera. La decisión histórica obliga a Ecuador a ampliar las zonas de protección y mejorar la vigilancia en los territorios ancestrales de estos pueblos.
Un fallo histórico para los pueblos no contactados
La CIDH determinó que Ecuador incumplió con su deber de garantizar los derechos a la vida, la salud, la alimentación y la identidad cultural de los Tagaeri y Taromenane. Además, el Estado no protegió a estas comunidades de ataques violentos, como el secuestro de dos niñas en 2013, cuyos derechos a la integridad personal y la libertad fueron gravemente vulnerados. El tribunal también criticó la falta de un enfoque intercultural en la respuesta del gobierno, lo que agravó el sufrimiento de las víctimas.
Pedro Bermeo, portavoz de YASunidos, una organización antiextractivista que coadyuvó en el caso, calificó el fallo como un punto de inflexión: “Este fallo marca un ‘antes y después’ en la vida de los pueblos no contactados, no solo en Ecuador, sino en el mundo”.
La presión extractiva en la Amazonía
La Amazonía ecuatoriana, hogar de los Tagaeri y Taromenane, ha sido objeto de una intensa presión por parte de la industria petrolera y maderera. A pesar de la creación en 1999 de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), un área protegida de 7.000 kilómetros cuadrados, las actividades extractivas ilegales y los conflictos con otros grupos indígenas, como los Waorani, han persistido. En 2023, un referéndum nacional detuvo la explotación petrolera en el bloque 43, pero el gobierno ha buscado formas de retrasar su implementación.
La tala ilegal, en particular, ha sido señalada por la ONU como una de las principales amenazas para la supervivencia de estos pueblos. “El Estado no solo violó la Constitución y la ley, sino que también ignoró mandatos populares”, afirmó Bermeo.
Medidas urgentes y reparaciones
El fallo de la CIDH incluye la ampliación de la ZITT y la implementación de un sistema de monitoreo para detectar amenazas en los territorios ancestrales. Además, el gobierno debe capacitar a funcionarios sobre los derechos de los pueblos no contactados y garantizar que se respete su decisión de vivir en aislamiento. También se ordenan reparaciones económicas para las víctimas y sus familias.
La corte subrayó que “el respeto al principio de no contacto no significa abandonar a estas poblaciones a su suerte”, sino garantizar su autodeterminación y supervivencia. El gobierno ecuatoriano ha creado una comisión para implementar estas medidas y presentar informes periódicos a la CIDH.
Un precedente global
Este fallo sienta un precedente internacional para la protección de los pueblos indígenas no contactados. Activistas y organizaciones defensoras de los derechos indígenas esperan que la decisión inspire cambios en otros países de América Latina, donde comunidades similares enfrentan amenazas por la expansión de actividades extractivas y la deforestación.
“Este es un reconocimiento expreso de la importancia de la supervivencia de estos pueblos en el mundo”, concluyó Bermeo. “Un mundo en el que estas personas tienen un lugar, a pesar de no tener contacto con Occidente”.
El fallo de la CIDH representa un avance significativo en la protección de los derechos de los pueblos indígenas no contactados, pero su implementación efectiva dependerá del compromiso del gobierno ecuatoriano. Mientras tanto, organizaciones civiles y activistas seguirán vigilantes para asegurar que estas comunidades puedan vivir en paz y libertad en sus territorios ancestrales.
