Magistrados prorrogados del TCP ocultan notificaciones pendientes a los nuevos jueces
Los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) han retrasado durante tres meses la notificación de la sentencia 0113/2024, que avala dos leyes aprobadas en una sesión anulada de la Asamblea Legislativa. Los nuevos magistrados, elegidos en 2025, desconocían esta decisión y no tienen acceso a las sentencias pendientes de 2024, pese a haber solicitado la información. Este hecho ha generado tensiones internas y críticas por la falta de transparencia en el órgano judicial.
Una sentencia oculta y una notificación tardía
El magistrado Boris Arias confirmó que la sentencia 0113/2024 fue suscrita por los magistrados elegidos en 2017, y no por los nuevos jueces. “Es una sentencia de la gestión 2024, pero recién se notificó en marzo de 2025”, declaró Arias en entrevista con Radio Fides. Además, los nuevos magistrados han solicitado en varias ocasiones un listado de las acciones y notificaciones pendientes, pero no han recibido respuesta. “A marzo de 2025, no deberían quedar muchas notificaciones pendientes, pero desconocemos cuántas hay”, añadió.
Discrepancias internas en el TCP
Este no es el primer conflicto entre los magistrados prorrogados y los recién elegidos. En enero, el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, inauguró el año constitucional sin la presencia de los nuevos magistrados, quienes habían solicitado postergar el acto. “Los antiguos magistrados no dieron curso a nuestra solicitud”, explicaron los nuevos jueces. Estas tensiones reflejan una división interna que podría afectar la credibilidad del órgano constitucional.
Críticas políticas y cuestionamientos al Gobierno
La sentencia 0113/2024 ha sido objeto de críticas por parte de sectores políticos, especialmente legisladores, quienes acusan a los magistrados prorrogados de emitir fallos según los intereses del Gobierno. “Estas sentencias se ajustan a la conveniencia del Ejecutivo”, denunciaron. Una de las leyes avaladas por el fallo es un crédito que el Gobierno se negó a promulgar durante casi 10 meses, lo que ha levantado sospechas sobre la independencia del TCP.
Contexto histórico: La polémica de los magistrados prorrogados
La figura de los magistrados prorrogados ha sido motivo de controversia en Bolivia desde su implementación. En 2017, el Gobierno extendió el mandato de los jueces del TCP, argumentando la necesidad de estabilidad institucional. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por sectores de la oposición y organizaciones civiles, que la consideran un intento de controlar el poder judicial. La falta de transparencia en la notificación de sentencias y la resistencia a compartir información con los nuevos magistrados refuerzan estas críticas.
Fuentes y transparencia
Las declaraciones del magistrado Boris Arias fueron difundidas por Radio Fides, medio que ha seguido de cerca las tensiones dentro del TCP. Además, la Agencia de Noticias Fides (ANF) ha documentado los conflictos internos y las críticas políticas hacia los magistrados prorrogados. Estas fuentes confirman la existencia de un clima de desconfianza y falta de colaboración entre los antiguos y nuevos jueces.
Implicaciones y cierre
La falta de acceso a las notificaciones pendientes y la tardanza en la comunicación de sentencias podrían afectar la legitimidad del TCP y generar desconfianza en la ciudadanía. Mientras los nuevos magistrados insisten en la necesidad de transparencia, los prorrogados mantienen un control sobre la información, lo que dificulta el funcionamiento del órgano. Este caso subraya la urgencia de reformas que garanticen la independencia y eficiencia del sistema judicial boliviano.
