Gobierno fija plazo para normalizar abastecimiento de combustibles

El Gobierno boliviano establece el 31 de marzo como fecha límite para normalizar el suministro de diésel y gasolina, manteniendo la subvención y promoviendo el uso de Gas Natural Vehicular (GNV).
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Varias personas sentadas detrás de una mesa con micrófonos y uno de ellos sostiene un documento.
Imagen de una conferencia de prensa donde un grupo de personas está presente frente a micrófonos, uno de ellos sostiene un documento.

El Gobierno fija el 31 de marzo como plazo para normalizar el abastecimiento de diésel y gasolina

El Gobierno boliviano anunció este viernes que el abastecimiento de diésel y gasolina se normalizará en todo el territorio nacional antes del 31 de marzo, tras una reunión con la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, confirmó que se mantendrá la subvención a los carburantes y se ajustará la normativa para mejorar la conversión a Gas Natural Vehicular (GNV). La medida busca aliviar la crisis de desabastecimiento que afecta a sectores clave como el transporte y la agricultura.

Un plazo de 10 días para resolver la crisis

El anuncio se produjo tras una reunión entre autoridades gubernamentales y representantes del sector transporte, quienes habían expresado su preocupación por las largas filas en los surtidores y el impacto económico que esto genera. “Hasta el 31 de marzo de la presente gestión se normalizará el abastecimiento de diésel y gasolina especial en todo el territorio nacional”, declaró Montaño durante una conferencia de prensa. Además, se modificará la reglamentación para facilitar la adquisición de cilindros de GNV, en coordinación con los chóferes.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, añadió que se abordarán temas arancelarios y crediticios en reuniones programadas para los próximos días, con el objetivo de mitigar el impacto financiero en los transportistas y otros sectores afectados.

Reacciones y medidas complementarias

La Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia respaldó el acuerdo, lo que evitó un paro nacional previsto para el lunes. “Con este documento no tendría que haber ningún paro el día lunes”, afirmó Montaño. Sin embargo, persisten las críticas por la lentitud en la respuesta gubernamental ante una crisis que lleva semanas afectando a la población.

Además de las medidas anunciadas, se coordinará la distribución de combustible en las diferentes regiones del país y se analizará la situación de los créditos bancarios con el sistema financiero. Estas acciones buscan no solo resolver el desabastecimiento inmediato, sino también sentar las bases para evitar futuras crisis.

Contexto histórico: Una crisis recurrente

La escasez de combustibles no es un fenómeno nuevo en Bolivia. En los últimos años, el país ha enfrentado varios episodios de desabastecimiento, agravados por la dependencia de las importaciones y la falta de inversión en infraestructura energética. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones de hidrocarburos cayeron casi $us 5.000 millones en la última década, lo que ha limitado la capacidad del Estado para garantizar un suministro estable.

La subvención a los carburantes, una política implementada desde hace años, ha sido clave para mantener precios bajos, pero también ha generado distorsiones en el mercado y dificultado la sostenibilidad del sector energético.

Fuentes y transparencia

La información fue confirmada por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, durante una conferencia de prensa transmitida por medios locales. Además, se consultaron declaraciones de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia y datos históricos del INE para contextualizar la noticia.

El plazo fijado por el Gobierno para normalizar el abastecimiento de combustibles marca un intento por resolver una crisis que afecta a múltiples sectores de la economía boliviana. Sin embargo, la eficacia de estas medidas dependerá de su implementación y de la capacidad del Estado para abordar los problemas estructurales del sector energético. Mientras tanto, la población espera que las promesas se traduzcan en acciones concretas que alivien la situación actual.