Gobernadores de Bolivia buscan soluciones conjuntas ante la crisis económica y energética
Los gobernadores de los nueve departamentos de Bolivia se reunirán este 20 de marzo en Cochabamba para analizar y proponer medidas que permitan enfrentar la crisis económica y energética que afecta al país. La cita, programada para las 14:30, tiene como objetivo principal presentar al Gobierno central un plan de acción que aborde la disminución de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), principal fuente de ingresos para las autonomías departamentales.
Una crisis que golpea los ingresos departamentales
El gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, destacó que el 95% de los ingresos presupuestarios de su departamento dependen de las regalías y los impuestos a los hidrocarburos. Sin embargo, la caída en la producción de este sector ha generado una reducción significativa en la asignación de recursos. “Estamos trabajando en varias alternativas para enfrentar esta emergencia, ya que las competencias delegadas a las autonomías no cuentan con los recursos suficientes”, explicó Aguilera.
La situación no es exclusiva de Santa Cruz. Según datos oficiales, otros departamentos como Tarija y Chuquisaca, que también dependen en gran medida de los ingresos del IDH, han registrado disminuciones similares en los últimos años. Esto ha generado tensiones entre las regiones y el Gobierno central, que hasta ahora no ha presentado una estrategia clara para mitigar los efectos de la crisis.
Una reunión urgente con miras al futuro
La reunión en Cochabamba busca ser un espacio de diálogo y coordinación entre los gobernadores para elaborar propuestas concretas que puedan ser enviadas al Ejecutivo. Entre los temas prioritarios se encuentran la reactivación del sector hidrocarburífero, la diversificación de las fuentes de ingresos y la búsqueda de alternativas energéticas sostenibles.
“El objetivo es que las conclusiones de esta cita sean enviadas al Gobierno para que encaren la crisis de manera efectiva”, señaló un portavoz de la Gobernación de Cochabamba. Además, se espera que los gobernadores discutan la posibilidad de implementar medidas de austeridad y optimización del gasto público en sus respectivas regiones.
Contexto histórico: La dependencia de los hidrocarburos
Bolivia ha dependido históricamente de los ingresos generados por la explotación de hidrocarburos, especialmente desde la nacionalización del sector en 2006. Sin embargo, la falta de inversión en exploración y producción, sumada a la caída de los precios internacionales del gas y el petróleo, ha llevado al país a una situación crítica. En los últimos cinco años, la producción de gas natural ha disminuido en un 30%, lo que ha impactado directamente en los ingresos fiscales y las regalías departamentales.
Este escenario ha generado un debate sobre la necesidad de diversificar la economía boliviana y reducir su dependencia de los recursos no renovables. Expertos en economía y energía han advertido que, sin una estrategia clara, el país podría enfrentar una crisis aún más profunda en los próximos años.
Reacciones y expectativas
Organizaciones sociales y expertos han mostrado cautela ante la reunión de los gobernadores. “Es importante que esta reunión no se quede en declaraciones, sino que genere acciones concretas y coordinadas con el Gobierno central”, afirmó el economista Juan Carlos Rojas. Por su parte, representantes de sectores productivos han pedido que se priorice la reactivación económica y la generación de empleo.
Mientras tanto, los ciudadanos esperan que las autoridades encuentren soluciones rápidas y efectivas. “La gente está cansada de promesas. Necesitamos ver resultados”, expresó María Fernández, una comerciante de Cochabamba.
La reunión de los gobernadores en Cochabamba marca un punto de inflexión en la búsqueda de soluciones a la crisis económica y energética que atraviesa Bolivia. Las propuestas que surjan de este encuentro serán clave para determinar el rumbo que tomará el país en los próximos meses. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá de la capacidad de coordinación entre las autonomías departamentales y el Gobierno central, así como de la implementación de políticas que prioricen la sostenibilidad y el bienestar de la población.