Bolivia enfrenta una crisis energética y alimentaria por fallas en la política de hidrocarburos

Bolivia atraviesa una grave crisis energética y alimentaria debido a la falta de reposición de reservas de hidrocarburos y la incapacidad del gobierno para importar combustibles. Expertos y analistas señalan que el modelo económico del Estado Plurinacional, implementado en los últimos 20 años, ha llevado a la destrucción de YPFB, la principal empresa energética del país, y ha generado una escasez de combustibles que afecta directamente a la producción agrícola y al transporte. La situación se agrava con la falta de liquidez en dólares y la paralización de créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Un modelo energético fallido

El experto en hidrocarburos Álvaro Ríos ha denunciado que Bolivia no ha repuesto sus reservas de gas y petróleo en los últimos 25 o 30 años, lo que ha llevado al país a depender de importaciones para cubrir la demanda interna. Sin embargo, la falta de dólares y la burocratización de YPFB, convertida en una fuente de empleos políticos, han impedido una gestión eficiente. El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, ha culpado al \»bloqueo\» de créditos en la ALP, pero los especialistas señalan que incluso esos fondos no serían suficientes para resolver la crisis a largo plazo.

Impacto en la economía y la alimentación

La escasez de combustibles ha generado largas filas en las estaciones de servicio y un aumento en los precios de los alimentos. El sector agropecuario, que aporta más del 30% a la seguridad alimentaria del país, se ha visto especialmente afectado por la falta de diésel para maquinaria y transporte. Esto ha llevado a un incremento en los costos de producción y distribución, lo que impacta directamente en la canasta familiar. Además, la inflación y la posible deflación amenazan con agravar la pobreza y la extrema pobreza en Bolivia.

Elecciones y propuestas de cambio

Ante la crisis, se han planteado modificaciones al calendario electoral para acelerar la transición de poder. Las elecciones generales están programadas para el 17 de agosto de 2025, con una segunda vuelta el 19 de octubre y la posesión del nuevo gobierno el 8 de noviembre. Sin embargo, organizaciones civiles y políticos de oposición proponen adelantar la segunda vuelta al 21 de septiembre y la posesión al 10 de octubre, argumentando que la magnitud de los problemas exige acciones urgentes.

Reformas urgentes y transparencia electoral

Organizaciones como el \»Bloque de unidad\» exigen auditorías al padrón biométrico y garantías para el control electoral. Además, se pide una distribución equitativa de circunscripciones uninominales y el uso del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) para asegurar la transparencia en las próximas elecciones. Estas medidas buscan evitar que la crisis actual se convierta en una amenaza permanente para la democracia y el Estado de derecho en Bolivia.

La crisis energética y alimentaria en Bolivia ha expuesto las debilidades de un modelo económico que no ha logrado garantizar la sostenibilidad ni la seguridad jurídica. Mientras el gobierno intenta aplicar medidas de emergencia, la sociedad civil y los expertos reclaman reformas profundas y una transición política que permita enfrentar los desafíos actuales con mayor eficacia. La próxima elección será crucial para definir el rumbo del país en los próximos años.