El Gobierno argentino solicita la detención de 29 hinchas por su participación en las protestas frente al Congreso
El Gobierno de Argentina ha pedido a la Fiscalía la detención de 29 hinchas de fútbol, conocidos como ‘barras bravas’, por su presunta participación en los disturbios ocurridos el pasado miércoles frente al Congreso en Buenos Aires. Las protestas, convocadas para reclamar mejoras en las pensiones, derivaron en enfrentamientos violentos que dejaron más de 100 detenidos y 45 heridos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró tener pruebas que vinculan a los acusados con los ataques a las fuerzas de seguridad y al edificio del Congreso.
Las acusaciones del Gobierno
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en su cuenta de X (antes Twitter) que el Gobierno ha presentado pruebas ante la Fiscalía para solicitar la detención de 29 hinchas violentos. \»Tenemos pruebas y las presentamos. Le pedimos al fiscal la detención de estos 29 barras bravas violentos, que atacaron al Congreso y a nuestras fuerzas con palos, piedras y armas\», declaró Bullrich. El mensaje iba acompañado de un vídeo que muestra imágenes de los acusados, cuyas identidades fueron fácilmente reconocibles.
Además, el Ministerio de Seguridad solicitó el registro de los domicilios de los implicados para obtener más pruebas que permitan determinar su vinculación con organizaciones delictivas. Las autoridades argentinas acusan a los detenidos de delitos como sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada.
Reacciones y controversias
Bullrich rechazó las acusaciones de que los manifestantes violentos fueran \»infiltrados\», una teoría que ha circulado en algunos sectores. \»No se lo cree nadie ya en Argentina. Me gustaría que hablen de la violencia de los manifestantes o pseudo-manifestantes que destruyen todo y que destruyen bienes que pagan todos los argentinos\», afirmó la ministra durante una conferencia de prensa.
Por otro lado, la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación inmediata de 120 detenidos durante las protestas, ha sido denunciada por el Gobierno por presuntos delitos de prevaricación, incumplimiento de deberes y encubrimiento. Esta decisión judicial ha generado un fuerte debate sobre el manejo de las protestas y la actuación de las fuerzas de seguridad.
Contexto histórico
Las protestas frente al Congreso no son un hecho aislado en Argentina. El país tiene una larga historia de movilizaciones sociales, especialmente en reclamo de mejoras económicas y laborales. Sin embargo, la participación de grupos violentos, como las ‘barras bravas’, ha añadido un componente de conflicto que complica la gestión de estas manifestaciones. Estos grupos, tradicionalmente vinculados al fútbol, han sido acusados en el pasado de actuar como fuerzas de choque en protestas políticas, lo que ha generado preocupación sobre su influencia en el orden público.
Además, este incidente ocurre en un contexto de creciente tensión social en Argentina, marcado por la inflación, el desempleo y las demandas de reformas en el sistema de pensiones. Las protestas del miércoles fueron convocadas por organizaciones sociales y sindicales, pero la violencia desatada ha opacado sus reclamos iniciales.
Fuentes y transparencia
La información presentada en esta noticia se basa en declaraciones oficiales de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y en documentos públicos presentados ante la Fiscalía. También se han consultado fuentes periodísticas locales e internacionales para contrastar los hechos. Las imágenes y videos difundidos por el Ministerio de Seguridad han sido analizados por expertos en seguridad y derechos humanos, quienes han confirmado su autenticidad.
El pedido de detención de los 29 hinchas marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Gobierno argentino y los grupos violentos que participan en protestas sociales. Mientras las autoridades buscan responsabilizar a los acusados por los disturbios, organizaciones de derechos humanos han llamado a investigar también posibles excesos por parte de las fuerzas de seguridad. Este caso podría sentar un precedente en el manejo de futuras manifestaciones en el país, en un contexto donde la violencia y la polarización política siguen siendo desafíos centrales.
