Director del INRA insta a presionar a diputada cruceña para aprobar crédito cuestionado
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, pidió a miembros de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) que presionen a la diputada opositora María René Álvarez (Creemos) para viabilizar la aprobación de un crédito de $us 40 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El préstamo, destinado al saneamiento de tierras, ha sido cuestionado por Álvarez, quien advierte que podría usarse para la reversión y expropiación de predios en Santa Cruz.
El conflicto en torno al crédito
El crédito, denominado ‘Programa boliviano de administración de tierras para el desarrollo rural sustentable’, fue suscrito en mayo de 2024 y actualmente se encuentra en la agenda de la Cámara de Diputados. María René Álvarez, diputada por la Chiquitania, ha denunciado que el financiamiento podría ser utilizado para expropiar tierras productivas en Santa Cruz, alegando falta de transparencia en la gestión del INRA.
Durante un acto en la Cidob el pasado 14 de marzo, Núñez criticó la postura de Álvarez y pidió a los indígenas que presionen a la Asamblea Legislativa. “Les pedimos su granito de arena, mandar una nota por escrito, decirles ‘en esto no te opongás, ponete un yúrex en tu boca’”, declaró el director del INRA, en un tono que ha sido calificado como despectivo por la oposición.
Las acusaciones de la diputada Álvarez
Álvarez ha denunciado que el INRA actúa de manera política y no técnica, favoreciendo a grupos de avasalladores que asedian regiones como la Chiquitania. “Ya tienen todo configurado, están con la mira para titular la tierra en favor de sus grupos políticos y dejar afuera a la gente del lugar que viene desde hace 30 o 40 años buscando que se les titule una parcela”, lamentó la parlamentaria.
Además, la diputada criticó las declaraciones de Núñez, calificándolas como un intento de silenciar las denuncias sobre irregularidades en el manejo de tierras. “Es un golpe contra el modelo económico de Santa Cruz”, remarcó Álvarez, quien insiste en que la aprobación del crédito representaría un grave riesgo para la propiedad privada en el departamento.
Contexto histórico: el saneamiento de tierras en Bolivia
El saneamiento de tierras es un proceso que busca regularizar la tenencia de la tierra, otorgando títulos de propiedad a comunidades y particulares. Sin embargo, este proceso ha sido objeto de controversia en Bolivia, especialmente en regiones como Santa Cruz, donde se han registrado numerosos casos de avasallamientos y conflictos por la tierra.
Desde su creación en 1996, el INRA ha sido criticado por su manejo político de los procesos de titulación, acusado de favorecer a grupos afines al gobierno en detrimento de pequeños propietarios y comunidades indígenas. El actual conflicto por el crédito del BID refleja estas tensiones históricas y pone en evidencia las divisiones políticas en torno a la gestión de la tierra en Bolivia.
Reacciones y repercusiones
Las declaraciones de Núñez han generado rechazo en sectores de la oposición y organizaciones civiles, que las consideran un intento de coacción política. “Es inaceptable que un funcionario público utilice un lenguaje despectivo y busque presionar a una autoridad electa”, señaló un representante de la asociación “Derechos y Tierra”.
Por su parte, el gobierno ha defendido la necesidad del crédito, argumentando que es fundamental para avanzar en el saneamiento de tierras y promover el desarrollo rural. “Este financiamiento permitirá regularizar la tenencia de la tierra y garantizar los derechos de las comunidades indígenas y campesinas”, afirmó un portavoz del Ministerio de Desarrollo Rural.
Fuentes y transparencia
La información ha sido contrastada con declaraciones oficiales del INRA, la diputada María René Álvarez y representantes de organizaciones indígenas y civiles. Se ha buscado mantener un equilibrio informativo, presentando las posturas de todas las partes involucradas en el conflicto.
El debate sobre el crédito del BID y el saneamiento de tierras en Santa Cruz continúa en la agenda legislativa, mientras crecen las tensiones entre el gobierno y la oposición. La aprobación o rechazo del préstamo podría tener implicaciones significativas para la propiedad de la tierra y el desarrollo rural en Bolivia, en un contexto marcado por la polarización política y los conflictos territoriales.
