Destruyen caseta de peajes en Cochabamba y anuncian acciones legales

Un grupo de 500 personas destruyó la caseta de peajes de Ivirgarzama en Cochabamba. El viceministro de Transporte anunció acciones legales contra los responsables y advirtió sobre las consecuencias de instigar al no pago de tributos.
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Una estructura dañada con escombros al frente y dos personas observando.
Imagen de una edificación con daños severos y escombros alrededor, observada por dos personas.

Destruyen caseta de peajes en el trópico de Cochabamba y viceministro anuncia acciones legales

Un grupo de aproximadamente 500 personas destruyó este martes 18 de marzo de 2025 la caseta de peajes de Ivirgarzama, en el trópico de Cochabamba, utilizando maquinaria pesada. El viceministro de Transporte, Enrique Ponce de León, anunció que se presentarán demandas contra los responsables y advirtió sobre las consecuencias legales de instigar al no pago de tributos. Las imágenes de medios locales muestran la estructura completamente derribada y objetos quemados en el lugar.

Detalles del ataque

Según testigos y reportes preliminares de la Policía, un grupo de personas llegó con una retroexcavadora y derribó los muros de la caseta de peajes. Además, se quemaron colchones y otros objetos dentro de las instalaciones. En el lugar se colocaron letreros con mensajes de reclamo por el estado de las carreteras, lo que sugiere que el acto fue una protesta contra las condiciones de la infraestructura vial.

El viceministro Ponce de León señaló que los funcionarios y cinco policías que se encontraban en el lugar se retiraron al ver la magnitud de la multitud. “De acuerdo al reporte preliminar, tenemos instituciones del transporte que habrían estado promoviendo estos hechos”, indicó la autoridad.

Acciones legales y advertencias

Ponce de León anunció que se tomarán acciones legales contra los responsables de los destrozos. “Queremos exhortar a todos los usuarios de las carreteras para que no se dejen llevar por estas actitudes que van contra el Estado”, declaró. Además, advirtió que la instigación pública al no pago de tributos está penada por el Código Tributario.

Un equipo técnico se encuentra evaluando los daños y cuantificando las pérdidas. La autoridad no descartó que los responsables enfrenten cargos por destrucción de bienes del Estado y por incitar al incumplimiento de obligaciones tributarias.

Contexto histórico

Este no es el primer incidente de este tipo en Bolivia. En los últimos años, han surgido protestas recurrentes contra el cobro de peajes, especialmente en regiones donde la población considera que las tarifas son excesivas o que no se reflejan en mejoras visibles en las carreteras. En 2022, por ejemplo, hubo manifestaciones similares en Santa Cruz, donde se quemaron casetas de peajes en rechazo a los aumentos de tarifas.

El trópico de Cochabamba, una región clave para la producción agrícola y el transporte de mercancías, ha sido escenario de tensiones similares debido al mal estado de las vías y a la percepción de que los recursos recaudados no se reinvierten adecuadamente.

Reacciones y repercusiones

Organizaciones de transportistas y vecinos de la zona han expresado su descontento con el estado de las carreteras, pero también han condenado los actos de violencia. “Estamos de acuerdo en que hay problemas, pero destruir propiedad pública no es la solución”, afirmó un representante de una asociación de transportistas que prefirió mantenerse en el anonimato.

Por su parte, el gobierno ha reiterado su compromiso de mejorar la infraestructura vial, pero ha insistido en que los recursos para estas obras provienen, en parte, del cobro de peajes. “Sin estos ingresos, sería imposible mantener y mejorar las carreteras”, señaló Ponce de León.

Fuentes y transparencia

La información presentada se basa en declaraciones del viceministro de Transporte, Enrique Ponce de León, reportes preliminares de la Policía y testimonios de testigos recogidos por medios locales. También se consultaron antecedentes históricos sobre protestas similares en Bolivia.

El incidente en Ivirgarzama refleja una tensión recurrente en Bolivia entre la necesidad de financiar la infraestructura vial y el descontento de la población con las tarifas de peaje. Mientras las autoridades avanzan en las acciones legales, el desafío sigue siendo encontrar un equilibrio entre la recaudación y la mejora tangible de las carreteras para evitar futuros conflictos.

 

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