Choferes de El Alto bloquean la ciudad y castigan a quienes incumplen el paro por la crisis económica
El transporte público de El Alto inició este miércoles un paro indefinido en protesta por la crisis económica y energética que afecta al país. Los choferes, agrupados en la Federación Andina de Choferes “1º de Mayo El Alto”, tomaron las principales vías de la ciudad y castigaron físicamente a quienes incumplieron la medida. La protesta surge ante el aumento de hasta un 100% en los precios de repuestos y productos básicos, así como por las restricciones al suministro de combustible. Mientras tanto, la población recurre masivamente al Teleférico para movilizarse.
El paro y sus razones
El paro fue decidido en un ampliado de emergencia el pasado viernes, tras la falta de respuestas gubernamentales a la crisis económica y energética que atraviesa Bolivia. Los choferes denuncian que los precios de los repuestos se han duplicado debido a la escasez de dólares para importaciones, lo que ha encarecido el mantenimiento de sus vehículos. Además, los productos básicos de la canasta familiar también han registrado alzas significativas, agravando la situación económica de los trabajadores del transporte.
Otra de las demandas es el rechazo a la disposición de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que prohíbe a los vehículos con gas natural cargar gasolina. Esta medida, según los choferes, limita aún más sus opciones de movilidad y trabajo.
Bloqueos y castigos a incumplidores
Desde las primeras horas de la mañana, los choferes tomaron las principales vías de El Alto, impidiendo el paso de cualquier vehículo de transporte público. Quienes intentaron trabajar fueron castigados físicamente con chicotazos, una medida extrema que refleja la tensión y la desesperación del sector. “No podemos permitir que algunos sigan trabajando mientras el resto sufre las consecuencias de esta crisis”, declaró un representante de la federación.
Las largas filas en las estaciones del Teleférico evidencian el impacto inmediato del paro en la población alteña, que depende en gran medida del transporte público para sus desplazamientos diarios.
Respuesta del Gobierno
El Gobierno boliviano, por su parte, aseguró que el suministro de combustible comenzará a normalizarse tras la aprobación de un crédito internacional. Sin embargo, rechazó la medida de protesta de los choferes, calificándola de desproporcionada. “Estamos trabajando para resolver la crisis, pero estas acciones solo generan más caos y afectan a la población”, declaró un portavoz oficial.
Contexto histórico
La crisis económica y energética en Bolivia no es un fenómeno reciente. Desde hace varios años, el país enfrenta problemas estructurales en su modelo de importación y distribución de combustibles, así como en la gestión de divisas. La dependencia de las importaciones de repuestos y productos básicos ha exacerbado la situación, especialmente en un contexto de escasez de dólares y fluctuaciones en los precios internacionales.
El Alto, una de las ciudades más pobladas y con mayor actividad económica del país, ha sido históricamente un foco de protestas sociales. Su ubicación estratégica, como puerta de entrada a La Paz, la convierte en un escenario clave para movilizaciones que buscan presionar al Gobierno central.
Repercusiones y perspectivas
El paro indefinido de los choferes alteños podría extenderse si no se encuentran soluciones concretas a sus demandas. Mientras tanto, la población sigue sufriendo las consecuencias de la paralización del transporte, con largas filas en el Teleférico y dificultades para movilizarse.
Organizaciones sociales y expertos en economía han llamado al diálogo entre las partes, advirtiendo que la prolongación de la crisis podría desencadenar mayores conflictos sociales. “Es urgente que el Gobierno y los sectores afectados encuentren puntos de acuerdo para evitar un colapso mayor”, señaló un analista político.
El paro en El Alto es un reflejo de la profunda crisis económica y energética que atraviesa Bolivia. Mientras los choferes exigen soluciones inmediatas, la población alteña enfrenta las consecuencias de una medida que, aunque justificada por sus promotores, genera caos y descontento generalizado. El desafío ahora es encontrar un equilibrio entre las demandas del sector y las necesidades de la ciudadanía, en un contexto de creciente tensión social.
