YPFB compra combustible con criptomonedas: ¿una solución o un riesgo para la economía boliviana?

El gobierno boliviano autorizó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a adquirir combustible utilizando criptomonedas, una medida que ha generado preocupación entre economistas por su impacto en el gasto público y el déficit fiscal. La decisión, plasmada en el Decreto Supremo 5348, permitirá a la estatal petrolera operar con activos virtuales como el USDT, una criptomoneda vinculada al dólar, para comprar petróleo crudo y otros insumos. Sin embargo, expertos advierten que esta estrategia podría aumentar la emisión monetaria y el endeudamiento interno.

El impacto económico de las criptomonedas

Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, explicó que el uso de criptomonedas para comprar combustible podría incrementar el gasto público debido a la volatilidad de estos activos digitales. “El tipo de cambio de las criptomonedas se rige por la oferta y la demanda, lo que significa que su valor puede fluctuar rápidamente. Esto dificulta la recuperación de costos y utilidades para el Estado”, señaló Romero en una entrevista con la ANF.

Además, el economista estimó que el déficit fiscal para 2025 podría superar el 12%, un porcentaje mayor al proyectado inicialmente por el gobierno. “Estamos hablando de un aumento en la emisión de masa monetaria o de un mayor endeudamiento interno para cubrir estos gastos”, agregó.

La postura del gobierno

Por su parte, el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Adams Hurtado, defendió la medida durante una entrevista con radio Fides. “El USDT es una alternativa al dólar físico y su cotización actual oscila entre Bs 11,50 y Bs 12”, explicó Hurtado. Según el funcionario, YPFB está utilizando criptomonedas para adquirir combustible, transformando los bolivianos pagados por los consumidores en activos virtuales.

Sin embargo, esta estrategia no ha convencido a todos. “La volatilidad de las criptomonedas es un riesgo importante. Si el Estado depende de ellas para comprar insumos esenciales, podría enfrentar costos imprevistos”, advirtió Romero.

Contexto histórico: la crisis de divisas en Bolivia

La decisión de YPFB de recurrir a las criptomonedas se enmarca en un contexto de escasez de divisas en Bolivia. Desde abril de 2024, el Banco Central de Bolivia (BCB) no ha provisto dólares a las entidades financieras, lo que ha generado tensiones en el mercado cambiario. Según datos del BCB, el tipo de cambio del USDT para la compra está en Bs 11,73, mientras que para la venta es de Bs 12,11.

Esta situación ha llevado al gobierno a buscar alternativas para garantizar el suministro de combustible, un insumo crítico para la economía nacional. “La falta de dólares ha obligado al Estado a explorar opciones no tradicionales, como las criptomonedas, para mantener el flujo de importaciones”, explicó un analista económico consultado por la ANF.

Reacciones y perspectivas

La medida ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores ven en las criptomonedas una solución temporal a la escasez de divisas, otros advierten sobre los riesgos a largo plazo. “El uso de criptomonedas puede ser una salida inmediata, pero no resuelve los problemas estructurales de la economía boliviana”, señaló un experto en finanzas.

Además, existe preocupación por el impacto inflacionario que podría tener la mayor emisión de masa monetaria. “Si el Estado recurre a la impresión de billetes para cubrir estos gastos, podríamos enfrentar un aumento en los precios de los productos básicos”, agregó el experto.

La decisión de YPFB de comprar combustible con criptomonedas marca un hito en la política económica boliviana, pero también plantea desafíos significativos. Mientras el gobierno busca garantizar el suministro de un insumo vital, los economistas advierten sobre los riesgos de depender de activos volátiles y de aumentar el gasto público. En los próximos meses, será clave monitorear el impacto de esta medida en la economía nacional y en la estabilidad financiera del país.