FPV se acoge a ley de 2020 para mantener su personería jurídica y califica denuncia de maniobra política
El Frente Para la Victoria (FPV), que busca postular a Evo Morales en las próximas elecciones, se amparó en la Ley 1315, promulgada por la expresidenta Jeanine Añez en 2020, para defender su personería jurídica. La organización política enfrenta un proceso iniciado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debido a no alcanzar el 3% en las elecciones de 2020.
Argumentos legales por parte del FPV
El líder del FPV, Eliseo Rodríguez, y su abogado, Wilmer Vásquez, sostienen que la Ley 1315 anula las causales para la cancelación de la personería jurídica, contradiciendo así las disposiciones del TSE. “Va a ser muy difícil inhabilitarnos porque tenemos argumentos jurídicos para participar en las elecciones generales”, señaló Rodríguez.
Denuncia y contexto político
La denuncia fue presentada ante el TSE por Peter Erlwein Beckhauser, cuestionando al FPV y al Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) por incumplir con el umbral del 3% de los votos en 2020. Según Rodríguez, esta medida tiene fines políticos para debilitar a su partido. Añadió que participarán en las elecciones de 2025, “con o sin Evo Morales”.
Interpretaciones de la Ley 1315
Desde el FPV argumentan que la Ley 1315 protege a las organizaciones políticas de perder su personería por no alcanzar ciertos porcentajes de votación. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia en 2021 declarando inconstitucional dicha ley, lo que podría influir en la resolución del TSE.
Implicaciones de las decisiones legales
El abogado Wilmer Vásquez aclara que existe una sentencia constitucional, la 113/2021, que anula las disposiciones de la Ley 1315, lo cual pone en cuestión el uso de esta como defensa. Según el otorgamiento o denegación de la razón jurídica en este caso, se determinarán las bases para futuras contiendas electorales en Bolivia.
Las declaraciones fueron obtenidas de informes de la Agencia de Noticias Fides (ANF), declaraciones de líderes políticos involucrados y análisis de disposiciones legales. No se pudo obtener un comentario directo del TSE antes del cierre de esta edición.
La resolución del TSE será crucial para el futuro del FPV en el contexto electoral de 2025. Este caso puede sentar precedentes sobre la relación entre legislación electoral y acciones jurídicas en Bolivia, afectando no solo al FPV sino a otras organizaciones políticas en situación similar.
