Denuncian presiones de Estado y empresas a comunidades indígenas en Bolivia
El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) denunció que comunidades en Bolivia sufren presiones constantes por el Estado y empresas privadas para imponer proyectos extractivos. Según Miguel Miranda, las tácticas incluyen prebendas y coerciones y buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de estas comunidades.
Injerencia indirecta y utilización de la precariedad
Uno de los mecanismos más frecuentes, explicados por Miguel Miranda, coordinador del Cedib, es la injerencia indirecta en las comunidades mediante prebendas. “De pronto, las empresas sectoriales aparecen prometiendo servicios que han sido negados durante años solo cuando deben asegurar el consentimiento de las comunidades”, señaló. Esta estrategia busca dividir y presionar, donde quienes aceptan proyectos reciben premios y quienes se oponen enfrentan castigos.
Estigmatización y uso de la fuerza
Los líderes comunitarios y defensores ambientales que se oponen a los proyectos son estigmatizados y criminalizados, aseguró Miranda. En Bolivia, esto se agrava con el uso de la fuerza pública para reprimir y controlar el descontento, acciones que han sido constantes bajo el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que presume una imagen internacional de respeto a los derechos indígenas que, según el Cedib, es engañosa.
Contexto histórico
La situación actual en Bolivia remonta a la marcha indígena del TIPNIS en 2011, donde la represión policial marcó un antes y un después en la relación entre el Estado y las comunidades indígenas. Este contexto histórico revela un patrón regional, donde las tácticas de coerción por parte de los Estados y las empresas no son exclusivas de Bolivia, sino que forman parte de un fenómeno generalizado en América Latina.
Fuentes y transparencia
Las declaraciones de Miguel Miranda a la Agencia de Noticias Fides (ANF) son elaboradas con datos y denuncias del Cedib. Además, la aceptación por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de tratar la criminalización a defensores ambientales en Bolivia refuerza las preocupaciones planteadas.
La audiencia en la CIDH prevista para marzo es un paso crucial para dar visibilidad internacional a la problemática. En tanto, las comunidades continúan organizándose, buscando formas de resistencia y reclamando el respeto de sus derechos fundamentales.
