Cooperativas mineras de Bolivia desafían al Gobierno con ultimátum por crisis de combustible
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) de Bolivia ha calificado al Gobierno de Luis Arce de \»ineficiente\» y ha dado un plazo de 72 horas para solucionar el desabastecimiento de combustible que afecta al sector. El ultimátum, anunciado el 14 de marzo de 2025, advierte con medidas de presión y convoca a la población a unirse a esta lucha.
Contexto de la crisis
La demanda de las cooperativas mineras surge en un momento donde el país enfrenta un incremento en los precios de la canasta familiar y una evidente escasez de combustible. Fencomin critica que el gobierno ofrezca combustibles a precios internacionales, más del doble del costo interno, evidenciando lo que califican como una política \»ineficiente\».
Reacciones y medidas exigidas
Durante una reunión, la dirigencia de Fencomin sentencia que el movimiento minero cooperativo se verá obligado a iniciar movilizaciones en defensa de sus fuentes laborales y llama a la población a sumarse a sus demandas. Las cooperativas también han exigido la derogación de parte de la Ley de Minería que, señalan, frena sus actividades.
Además, reclaman al Ministerio de Defensa que garantice directamente la compra de materiales explosivos sin intervención de intermediarios, y solicitan a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera que remita los contratos mineros a la Asamblea Legislativa.
Antecedentes del conflicto
En febrero de 2025, el presidente Arce había entregado varias áreas mineras a cooperativistas, sin embargo, la relación entre el Gobierno y el sector minero cooperativo ha permanecido tensa debido a desacuerdos sobre políticas de precios y regulación del mercado de combustibles.
Fuentes y opiniones
El conjunto de demandas de Fencomin ha generado reacciones en distintos sectores. Los expertos consultados destacan que, aunque la presión de las cooperativas es comprensible, llamar a la movilización nacional puede desestabilizar aún más el ya tenso escenario político y social en Bolivia.
Por su parte, el Gobierno no ha ofrecido declaraciones oficiales con respecto al ultimátum, pero ha mantenido una política de diálogo bajo la premisa de encontrar soluciones sostenibles.
En un plazo de tres días, comenzando el 17 de marzo, las autoridades deberán mostrar respuestas claras a las demandas del sector cooperativo minero para evitar una escalada del conflicto. Lo que está en juego no solo es el suministro de combustible, sino también la estabilidad laboral y social en un país donde el sector minero tiene una influencia significativa.