Aprobación del Presupuesto General del Estado 2025 sin intervención del Parlamento
El Gobierno de Bolivia decidió, por segundo año consecutivo, promulgar la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Este movimiento fue necesario después de que la Asamblea Legislativa no aprobara el proyecto en el plazo de 60 días establecido por la Constitución Política del Estado (CPE). En consecuencia, la nueva ley permitirá que el presupuesto esté vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025.
Emisión de bonos soberanos por 3.000 millones de dólares
La norma también autoriza al Ministerio de Economía a emitir bonos soberanos por hasta 3.000 millones de dólares en mercados internacionales. Esta medida forma parte de las operaciones de deuda pública que el Ministerio deberá llevar a cabo. Además, la ley permite al Banco Central de Bolivia utilizar las reservas de oro del país como garantía para estas operaciones.
Construcción de la vía férrea Montero-Bulo Bulo
El PGE 2025 asigna recursos para completar la construcción de la vía férrea Montero-Bulo Bulo. Estos fondos provendrán de la recuperación de pólizas de garantía y de cumplimiento de contrato, así como de otros mecanismos derivados de los mismos. La finalidad de esta inversión es mejorar la infraestructura ferroviaria del país.
Medidas de control y confiscación de productos
Una disposición de la nueva ley faculta a las entidades competentes para llevar a cabo operativos de control y confiscar productos. Esto aplica a aquellos que almacenen, retengan o intenten encarecer los precios de productos esenciales. La medida ha sido criticada por distintos sectores, incluidos gremiales, empresarios y productores. Se requerirá que cualquier actor en la cadena productiva de alimentos declare la información relacionada con la producción, transformación y comercialización de manera confidencial.
Contexto legislativo y político
El tratamiento del PGE 2025 se llevó a cabo únicamente en la comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, sin llegar al pleno de la cámara debido a la falta de convocatoria a sesión. El presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, determinó un receso parlamentario, lo que impidió el análisis y la aprobación del presupuesto. Esta situación refleja la actual falta de consenso dentro del órgano legislativo del país.
